La situación venezolana, a propósito de los resultados electorales del 6 de diciembre, y una aproximación al inicio del año 2016.

Desde los años ochenta Venezuela vive en crisis económica constante, que fluctúa por momentos de alta intensidad para luego mitigarse e, incluso, simular que se corrige, para luego regresar al ciclo perverso que golpea directamente el bolsillo de todos. Este contexto aporta a la población lentes de aumento sobre los errores gubernamentales, hace visibles los hechos de corrupción, acentúa la falta de atención oficial a la inquietud social y hace que crezca el descontento. A la larga, esta realidad ha hecho que los procesos políticos terminen aliñándose con altas dosis de inflación, caída de las reservas internacionales y deterioro del salario, entre otros factores de naturaleza económica que se vuelven determinantes sobre otros elementos de tipo ideológico.

Hugo Chávez llega democráticamente a la Presidencia de Venezuela como parte de este azaroso zigzag económico y les pasa una costosa factura política a quienes venían ejerciendo el poder. Ellos son responsables de la crisis, la pobreza es el resultado de su gestión, su modelo de Gobierno es la raíz de todos los males,… Un discurso funcional siempre y cuando existan los recursos que permitan mitigar los efectos de la crisis sobre el grueso de la población, que es esencialmente la de menores ingresos, y que puede experimentar mejoras en su situación con esfuerzos concentrados por parte del Gobierno.

Las perturbaciones políticas de 2002 y 2003 fueron sorteadas hábilmente por Chávez, quien encontró en la dependencia del Estado una forma de neutralizar la independencia política de las masas, un coto certero contra cualquier otra iniciativa que pusiera en riesgo su cada vez más dilatada gestión de Gobierno. De esta manera avanzó por un camino que limitaba las libertades económicas en el país y desdibujaba la autonomía de los poderes públicos, piedra angular de cualquier democracia.

La reforma de 2007

En 2007 ocurrió la primera derrota electoral de Hugo Chávez Frías desde su proclamación presidencial en 1999. Hizo una consulta pública para intentar convertir el modelo socialista, base estructural de su discurso político del momento, en un elemento acuñado en la Constitución de Venezuela; pero la mayoría de venezolanos le negó esa opción con su voto. Aun con esta respuesta popular democrática, el entonces Presidente de la nación mediante mecanismos agarrados con pinzas de la legalidad, logró que su modelo adquiriera cuerpo legal y se instaurara en diversas áreas de la vida del país.

Al momento de reconocer la derrota electoral de la reforma constitucional, Chávez dijo que había sido “una victoria de mierda” de quienes se oponían a su propuesta, admitió que había equivocado el tiempo de hacer la consulta y que algunas fallas puntuales, como la escasez de leche, habían influido en el resultado. Como parte de su plan para enmendar los errores, en 2008 fue estatizada la empresa Lácteos Los Andes, y en total cerca de dos mil fueron expropiadas a lo largo del Gobierno de Chávez.

El número de empleados públicos creció 83% en una década y, en consecuencia, el universo de familias cuyo ingreso dependía del Estado. Asimismo, Chávez instauró una política social de “Misiones”, con la que atendía de forma poco transparente y auditable miles de millones de bolívares que se canalizaban a programas paralelos a los formalmente existentes en áreas de salud, educación y alimentación, entre otros. Inscribirse en una Misión era garantía de una “beca” o ingreso mensual. Algo similar ocurrió con la Misión Vivienda, donde el beneficiario terminaba obteniendo un techo, aunque el Gobierno nunca definiera legalmente el sistema de propiedad bajo el cual se otorgaba ese inmueble.

El modelo y los recursos

El saldo de la estrategia era un creciente volumen de personas que materialmente recibía beneficios económicos del Gobierno, ya sea una beca en efectivo, bolsas de comida a precios subsidiados por el Estado o viviendas, a pesar de que no fuesen propias. Todo un modelo de dependencia (Chávez lo proyectó internacionalmente con acuerdos energéticos con países aliados, etc.) que al garantizar la concentración de recursos económicos en manos del Estado y su goteo sistemático hacia ciertas capas de la sociedad afianzó la permanencia política del chavismo; pero un modelo sólo sostenible con recursos.

A lo largo de la gestión de Chávez los precios del petróleo alcanzaron niveles históricos y la nación sumó altos volúmenes de ingresos que fueron administrados a través de un complejo sistema de fondos paralelos al Presupuesto de la Nación, lo que hace prácticamente imposible el seguimiento de los recursos, su asignación y ejecución. En paralelo, la economía se manejó de forma tal que las cargas y las limitaciones recayeran sobre el sector privado, mientras el sector público se expandía de forma poco productiva. Como parte de esto se sostuvieron controles de cambio y de precios, cuyas distorsiones eran cubiertas con nuevas regulaciones y normas de engorrosa ejecución.

A la muerte de Chávez, en marzo de 2013, la situación económica mostraba serias señales de deterioro y eran urgentes algunos cambios en las políticas básicas de operación de la economía nacional, en especial por el acelerado endeudamiento al que había sometido a la nación mientras caída la capacidad productiva de la industria petrolera. Sin embargo, las prioridades políticas del momento estaban centradas en la continuidad del chavismo en el poder, por lo que todas las evaluaciones del tema económico quedaron pospuestas entonces. Lo insólito es que han seguido así hasta la actualidad, a pesar del desplome en más de la mitad de los precios del petróleo y, en consecuencia, de los ingresos de la nación.

Al término de 2014 la deuda consolidada del sector público llegó a 250 mil millones de dólares, 47% más al monto reportado al cierre de 2011. La necesidad de sostener el modelo de dependencia interna era muy alta y el Gobierno decidió sostener a cualquier precio su nivel de gasto en bolívares, para lo cual recurrió al financiamiento de Pdvsa (la principal generadora de ingresos de la nación) a través del Banco Central de Venezuela mediante la emisión de dinero, profundizando así varios problemas de la economía, como la inflación.

Herencia intocable

Nicolás Maduro, desde la Presidencia de Venezuela, decidió sostener el esquema heredado de Chávez sin ajustes ni correcciones. Muy por el contrario, optó por profundizar la aplicación de los distorsionados controles de precios y de cambio, y por restringir el margen de acción del sector privado. Al cierre de 2014 la inflación ya se ubicaba en 68,5% y aunque a lo largo de todo 2015 el Banco Central de Venezuela omitió la difusión de cifras sobre inflación y escasez, los analistas estiman que la primera supera la tasa de 200% y la segunda ronda la de 80%, una acentuación de la crisis de las que suelen pasar factura política.

En agosto pasado la firma Datanálisis presentó su Encuesta Nacional Ómnibus donde se evidenciaba el deterioro de la aceptación popular de Maduro. Al mandatario se le atribuía la responsabilidad del desabastecimiento (52,3%), del alto costo de la vida (65,6%) y de la inseguridad (40,1%), los tres principales problemas del país identificados por los consultados en el estudio.

En este contexto ocurren las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre. Mientras la oposición se dedicó en su campaña electoral a realzar los efectos de la crisis y a responsabilizar al Gobierno de su existencia, el oficialismo apeló al miedo como estrategia. En las cuñas de televisión se veía a una mujer que tenía una pesadilla en la cual, al no ganar el chavismo, pretendían cobrarle por cosas que actualmente “le regala” el Estado.

La oposición estimaba, antes del proceso, que podría alcanzar una mayoría simple en el Parlamento y sumar alrededor de 90 curules; pero los resultados electorales profundizaron estas proyecciones: 112 diputados y mayoría calificada de la Asamblea Nacional.

Tras conocerse el resultado de las elecciones, el oficialismo ha recurrido a las amenazas públicas hacia esa masa dependiente del Estado que, obviamente, votó en su contra en este proceso a pesar de las “pesadillas”. En el discurso gubernamental se ha puesto en duda la continuidad de la asignación de viviendas e incluso de la entrega de bolsas de comida a quienes no fueron leales al chavismo para que vayan “a pedirle” a los de la oposición. Asimismo, el Gobierno ha tratado de jugar con el peso de la responsabilidad de la crisis y tras el 6D le ha endilgado a la oposición toda la responsabilidad de hacerle frente a la inflación, a la escasez y a los problemas económicos en general. Constantemente los voceros oficiales afirman que “ya ganaron” así que “ya” deben resolver la crisis como prometieron, aun cuando es de todos sabido que los nuevos miembros del Poder Legislativo asumirán sus cargos el 5 de enero de 2016.

El costo de la crisis es tan elevado que fue capaz de mover la balanza en un proceso electoral donde el indiscutible ventajismo oficialista hacía improbable un triunfo contundente de la oposición. Puede ser igualmente letal en cualquier otro sentido. Dependiendo del manejo que se haga del tema el Gobierno puede terminar lesionando a los líderes de la oposición o estos, a la inversa, deteriorando todavía más la aceptación del Gobierno. La definición de una agenda legislativa acorde con la realidad económica y social del país será determinante en este juego por evadir el costo de la crisis.

La crisis económica obligará a aplicar correctivos (evadidos por el Gobierno durante años), con alto impacto social negativo en sus inicios, y algún sector deberá asumir la responsabilidad de ese proceso. Lo ideal, sin dudas, es que ese costo lo asuma el responsable de la crisis. De allí que la tentación política de aprovechar la mayoría calificada en la Asamblea Nacional para activar mecanismos de ley que acorten la estadía de Nicolás Maduro en la Presidencia puede lesionar los objetivos finales de la oposición, que buscan una transición y un cambio de modelo, con la aceptación de la mayoría de la población.