Desde la firma del Acuerdo para resolver la controversia entre Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la frontera entre Venezuela y la Guayana Británica, mejor conocido como el Acuerdo de Ginebra, firmado el 17 de febrero de 1966, en la ciudad de Ginebra, poco o nada se ha avanzado en una solución a la reclamación venezolana sobre una parte importante del territorio esequibo, hoy bajo administración del gobierno de la República Cooperativa de Guyana.
Cartografía de Venezuela, antes de 1941
Para entender el porqué de ello, debe comprenderse, primero, qué causas condujeron a la firma del citado Acuerdo de Ginebra. Y pese a las críticas que con seguridad saltarán por lo que paso a afirmar: no se origina por la contención venezolana respecto del resultado del Laudo Arbitral de 1899 fundamentada sobre la base de la póstuma revelación del contenido del denominado Memorando “Mallet Prevost”. La realpolitik norteamericana indicaba, en la década de los sesenta, la necesidad de preservar el gobierno de Rómulo Betancourt de las amenazas del comunismo cuya fiebre se expandía en la colonia británica y, más tarde, entregar garantías al gobierno de Raúl Leoni de que el reclamo venezolano no era espurio como sostenía el Reino Unido y la que sería prontamente una independizada Guyana, al mismo tiempo que se salvaguardaban los intereses británicos en Venezuela que de otra manera se hubieran visto afectados negativamente si el gobierno venezolano percibía que su pretensión era del todo desestimada.
Hitos fronterizos, 1970
Lo segundo, la diferencia de interpretación que se anticipaba con respecto al artículo 1 del citado instrumento el cual reza: “Se establecerá una Comisión Mixta con la tarea de buscar soluciones satisfactorias para un arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido, la cual ha surgido como resultado de la posición venezolana de que la Laudo Arbitral de 1899 sobre la frontera entre la Guyana Británica y Venezuela es nulo e irrito”. Para Venezuela el establecimiento de una Comisión Mixta que había sido desestimada meses antes por el gobierno local guyanés fue visto como un triunfo, tanto por el partido de gobierno como por aquellos que lo acompañaban. No obstante, hubo voces disidentes que como aquella de Luis Herrera Campíns quien expresó desilusión por un documento que permitía al Reino Unido lavarse las manos y trasladar el asunto a Guyana, quien no era responsable del despojo territorial que había sufrido el país a manos de una potencia imperial.
Luis Herrera Campíns quien expresó desilusión por un documento que permitía al Reino Unido lavarse las manos y trasladar el asunto a Guyana, quien no era responsable del despojo territorial que había sufrido el país a manos de una potencia imperial.
Michael Stewart, Ministro de Relaciones Exteriores británico quien suscribió el Acuerdo de Ginebra en nombre de su gobierno, habría concluido en una evaluación de las conversaciones que este instrumento no había prejuzgado la posición de ninguna de las partes. En su opinión, el laudo continuaba siendo válido para el Reino Unido y los guyaneses, mientras que era nulo e írrito a los ojos de los venezolanos. Del otro lado del Atlántico, se estimaba que la Comisión Mixta no podría hacer más de lo hecho por los gobiernos de Venezuela y el Reino Unidos durante los últimos dos años: examinar documentos y evidencia relacionada con el laudo arbitral. También, que la Comisión no sería muy activa y que no alcanzaría acuerdo en el lapso previsto de cuatro años. Y así ocurrió, encontrándonos ahora, desde 1985, en un proceso de buenos oficios auspiciado por el Secretario General de las Naciones Unidas, uno de los medios pacíficos de solución de controversias a los que remite el artículo 4 del Acuerdo de Ginebra.
Cartografía de Venezuela, 1971
Si reconocemos el rol que jugó la administración norteamericana en la conclusión del Acuerdo de Ginebra y consideramos su política de no intervención y absoluta neutralidad sostenida durante los últimos cuarenta y nueve años con respecto a este diferendo, sólo rota recientemente con el respaldo otorgado a la empresa Exxon Mobil que inició operaciones recientemente en aguas que son objeto de litigio por el diferendo sobre el territorio del esequibo; corresponde que nos preguntemos a dónde nos podría conducir la realpolitik en un escenario menos favorable que aquel de 1966.