¿Por qué protestan los venezolanos?

      A más de uno se le podría preguntar ahora mismo en las calles de Venezuela ¿por qué está protestando? y las respuestas serían expresión del caos y la desinformación que nos marcan como país. Hay quienes dirán que protestan para que salga Nicolás Maduro, otros que lo hacen para que caiga el Gobierno, otros que es para que haya elecciones ya, otros porque estamos en una dictadura, otros para que sean removidos los magistrados del TSJ y así. Aunque puede parecer que todas las respuestas son coincidentes, no necesariamente lo son. Es allí, en esas inconsistencias, donde radica la debilidad que puede echar por tierra, una vez más, toda la voluntad y la disposición de una gran proporción de la ciudadanía por generar un cambio en Venezuela.

 ¿Para qué protestamos?

         El país lleva años de protestas constantes, prácticamente todos los que el chavismo tiene en el ejercicio del poder. Dolorosamente cada una de las acciones emprendidas se han diluido en el tiempo sin producir variaciones en las condiciones bajo las cuales se guía el destino de Venezuela. Sólo ligeros matices, pequeñas inflexiones momentáneas y poco más.

Son varios los factores que han influido en esto, pero hoy quiero llamar la atención sobre uno en particular y es la necesidad de tener conciencia de lo que se está exigiendo, para poder medir la valía de las ofertas que los funcionarios del Gobierno lanzan al ruedo y de las gestiones que algunos intermediarios gestionan entre las partes, a la vez de intentar juzgar con criterio la actuación de quienes ejercen el liderazgo opositor y sus eventuales decisiones.

Las protestas que se están registrando actualmente en Venezuela (abril de 2017) comenzaron a raíz de las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con las cuales ampliaban las funciones del presidente de la República, ponían limitaciones a la inmunidad parlamentaria y trasladaban las funciones de la Asamblea Nacional al TSJ. Estas sentencias fueron parcialmente modificadas, sin que el contenido de fondo haya variado y sin que se apliquen sanciones o correctivos ciertos al respecto.

Sentencia-TSJ-155.pdf (69 descargas) Sentencia-TSJ-156.pdf (57 descargas)

En todo caso, con estas sentencias la violación soterrada de la Constitución que el Gobierno ha hecho -desde los tiempos de Hugo Chávez a la fecha- alcanzó niveles obvios, palpables, y con una proyección pública que hizo que la situación fuera realmente visible hasta para alguien que vive en Estocolmo y que poco sabe del devenir cotidiano de los venezolanos. El traje de demócrata que el Gobierno usa, tras agrandarlo y encogerlo tasajeando leyes, violentando normas e interpretando artículos constitucionales a conveniencia, quedó tendido en el piso y el mundo pudo ver momentáneamente lo que es nuestro día a día de ilegalidad.

     Es por eso que una amañada frase como “estoy ansioso para que se convoquen las elecciones de gobernadores y alcaldes”, lanzada por Nicolás Maduro, o comentarios de otros funcionarios de menor rango, como Yván Gil, viceministro para Europa: “faltando apenas año y medio para las elecciones presidenciales. Pregunta: ¿Cuál es el objetivo real de los ataques violentos?”, son sólo factores distractores. Son parte de las puntadas que rápidamente le van dando al traje de demócratas mientras se lo echan encima otra vez, a la par de lanzar distracciones internas, cazando entre las ansias individuales de algunos dirigentes opositores y el desasosiego de muchos.

Las protestas no son para que convoquen a unas elecciones regionales que debieron ocurrir el año pasado y que ahora lucen como un recurso conveniente para el chavismo, tras ilegalizar partidos políticos, inhabilitar a líderes opositores y crear la figura del “Estado Mayor de Gobierno” para desplegarla a nivel regional y local en paralelo a los gobiernos legítimamente electos. No. Las protestas son para exigir que se cumpla la Constitución.

Cumplir la Constitución implica reconocer a la Asamblea Nacional que fue elegida por votación popular en diciembre de 2015, es decir, cesar su inhabilitación que ha sido articulada de diversas maneras, pero esencialmente a través del TSJ y del prolongado decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica con el que Maduro se ha endosado funciones y poderes.

Pero no es lo único

    Cumplir la Constitución implica reconocer el “Estado democrático y social de derecho y de justicia” descrito en la Carta Magna y, en consecuencia, garantizar la independencia de los poderes públicos y que estos ejerzan funciones de control del poder.

Cumplir la Constitución implica una recomposición profunda de la forma como opera la estructura de poder en Venezuela.

¿Cómo entonces logramos el objetivo? He allí el tema en el que debemos trabajar arduamente para mantener a la población al tanto de la complejidad del reto, que va más allá de la coyuntura y de la salida pronta de Maduro y para graficar esto basta poner como ejemplo el haber ganado la mayoría de los curules en el Parlamento y ver lo poco que ha valido ese triunfo en el contexto actual de ilegalidad que nutre al sistema que ejerce el poder.

El compromiso con Venezuela demanda algo mayor. Chávez, en su momento, habló de la necesaria refundación de la República y empujó hasta que el país tuvo una nueva Constitución, “de las más modernas del mundo”. Sólo que esa nueva Constitución terminó sirviéndole al chavismo como elemento decorativo, de exhibición en mítines y como excusa para sus desmanes, mientras se conducía al país por un camino en el que nos hemos desdibujado institucional y moralmente.

Es tiempo de discutir un cambio profundo. Las protestas deben aspirar a más que la superación de las circunstancias y hay que tener conciencia de ello. Retomar la institucionalidad y el cumplimiento de la Constitución son las más complejas demandas que nos hace la historia.

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Periodista especializada en economía, autora de Breviario del Ocio (Eclepsidra) y Precisiones (Monte Ávila Editores)
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