Aunque esta expresión de origen latino princeps legibus solutus est no resulte del todo apropiada para las ideas que expondré más abajo, tiene la gran virtud de poder captar la atención de todos aquellos que se preguntan porqué el presidente de la República rehúye a su deber constitucional de hacer cumplir las leyes que aprueba la Asamblea Nacional y, con ello, a la voluntad de cambio expresada por el soberano el pasado seis de diciembre.

El triunfo de la libertad sobre el despotismo

Y para entender lo primero es preciso comprender lo segundo. Los resultados electorales del pasado seis de diciembre connotan un giro necesario tanto en lo político como en otros ámbitos del quehacer nacional. Habrá quien apunte que el electorado se pronunció por un cambio esencialmente económico; sin embargo, sin un cambio en lo político aquel resulta quimérico. Y ello es de la mayor importancia, quienes hoy tienen en sus manos la responsabilidad de interpretar al soberano cargan con la obligación de comprenderlo en detalle.

El país ha dejado por mucho de ser un Estado democrático. La celebración de elecciones libres es una condición necesaria de los sistemas democráticos, mas no una condición suficiente. Si las instituciones públicas actuales reflejaran un sistema democrático estas estarían interpretando los resultados electorales del seis de diciembre del mismo modo como las instituciones del pasado interpretaron los resultados electorales del año 1998. En aquel entonces, las instituciones se hicieron eco de la voluntad del soberano expresada en la oferta electoral que resultó victoriosa. Y así, sin necesariamente compartirla, allanaron el camino para un proceso constituyente que ni siquiera estaba previsto en el texto constitucional del año 1961.

Las instituciones de hoy no pueden actuar en consonancia con sus pares del pasado ya que aquellas reconocían el libre albedrío del ser humano y, en consecuencia, las libertades individuales, políticas y civiles, más fundamentales del individuo; mientras que el actual sistema reconoce el ser humano como humano sólo en cuanto a que es parte de una sociedad, no en cuanto a que es una persona para sí, desconociéndole de este modo como un elemento individual que posee libre albedrío y relegándole como parte de una masa que se debe a la consolidación de un Estado de partido único que se funde con las instituciones del mismo Estado.

Lo anterior quizás nos sea útil sólo para indicar que el actual sistema refleja de manera más cercana a un Estado totalitario que a un Estado democrático, y de allí que el jefe de gobierno se niegue a hacer cumplir las leyes sancionadas por la Asamblea Nacional. Estas no nacen del seno del sistema de partido único que se ha venido consolidando durante los últimos tres lustros. En su visión, la actual composición del cuerpo legislativo nacional es sólo producto de la equivocación histórica de una masa que ve probado, por la coyuntura económica, su compromiso con la construcción de la patria nueva y el hombre nuevo al que se debe porque sí.

Ni príncipe, ni Estado; necesaria es una República