Opositores y oficialistas por igual son conscientes de que la actividad de calle que se ha registrado luego de las infames sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia habrá de llegar a un fin más temprano que tarde. La cuestión para ambos bandos, en este momento, es definir qué consiguen como ganancia en un escenario dominado por un necesario control de pérdidas.

La oposición pareciera tener transitoriamente una posición de ventaja dada no sólo por la movilización social en las calles que reclama un cambio, sino por el acompañamiento de una creciente presión internacional que intenta aislar al gobierno bolivariano. El pueblo en la calle demanda un cambio, aquel que la oposición ofertó llevar a cabo si llegaba a ganar la Asamblea Nacional en las elecciones parlamentarias de 2015. Ese cambio, hoy, sólo es posible mediante un pacto con la otra parte, el chavismo. La renuncia, la reducción del mandato o la celebración de elecciones presidenciales anticipadas, cualquiera de ellas, es posible sólo con el asenso de quienes hoy ejercen el poder político en Venezuela.

La contundencia del malestar social debe resultar claro al alto gobierno no sólo por los recientes eventos vividos en San Félix, sino por el fracaso de la estrategia de enfriar la calle decretando lunes, martes y miércoles de Semana Santa como días no laborables en el sector público. Ello, aunado a un escenario internacional cada vez menos favorable, en el cual las denuncias contra el gobierno bolivariano no se limitan a actores políticos que carecen de cualidad para comprometer internacionalmente a sus Estados o a Cancilleres de gobiernos que abiertamente le adversan, deben hacer mella en la propia percepción que el gobierno tiene sobre su solidez.

Los saltos de talanquera y abstenciones en la última sesión del Consejo Permanente de la OEA que trató el tema de Venezuela y que permitieron la adopción por consenso de una resolución en la cual se urge al gobierno venezolano a actuar para garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional; el silencio del único “aliado ideológico” de Caracas en el Cono Sur, solo roto para demandar pruebas sobre las denuncias esgrimidas contra su Canciller por el Jefe del Estado venezolano; Bachelet y Santos plantando la cara por lo que consideran una ruptura del orden constitucional en Venezuela y un importante número de países realizando exigencias en igual sentido son sólo algunos ejemplos de la presión internacional con la que hoy debe lidiar la administración Maduro y que galvaniza a la ventaja opositora.

Lo anterior podría verse acentuado por las muertes no deseadas que han tenido lugar con ocasión de las manifestaciones antigubernamentales que se extienden por varias regiones del país. Así, todo pareciera conjugarse para que la oposición obtenga concesiones frente a sus demandas. Pero sólo si logran demostrar ser hábiles durante el proceso de negociación que se avecina o, como algunos sugieren, ya se encuentra en marcha.

Como la imagen reflejada en un espejo, esos mismos elementos suman a la actual debilidad relativa del régimen. La gobernabilidad, pese al éxito del gobierno en logar una relativa hegemonía comunicacional y el control de los medios de comunicación social, desde finales del mes pasado se ve día a día comprometida. A través de las redes sociales circula información cierta y falsa que destacan y magnifican las tropelías de la fuerza pública y desnudan las aviesas intenciones de algunas individualidades afectas al régimen. Por otra parte, lo que pareciera una torpe maniobra del “madurismo” para vender al mundo una supuesta separación de poderes en Venezuela ha servido los propósitos del lado opositor al actuar como agente aglutinante a favor de una posición de condena al gobierno de Maduro, al cual se le tilda ahora abiertamente de antidemocrático.

En el marco de este escenario, sin entrar a considerar otras cuestiones como las verdaderas motivaciones tras tanta atención internacional, ambas partes están compelidas a pactar. El actual gobierno necesita un traje que le haga pasar por demócrata, al menos por lo que le reste en el ejercicio del poder. De ese lado no hay duda, aquella yace del otro. ¿Qué necesita o qué busca la oposición? La respuesta no luce clara en el discurso de sus líderes y allí precisamente el riesgo. Se evidencia una ausencia de sincronía entre aquello que demandan los líderes de oposición y aquello que anima a los manifestantes en la calle. Más riesgoso aún, no pareciera haber coincidencia a este respecto en las demandas de algunos líderes opositores. La experiencia del reciente y fracasado proceso de diálogo debe mantenerles alerta sobre el riesgo de fallar en tener y exhibir el objetivo común.

Los más recientes movimientos tras bastidores siembran desconfianza sobre la existencia de un objetivo común. Dentro de la oposición existen actores que parecieran dispuestos a transigir lo que es más preciado tanto para su propia militancia como para otros actores y organizaciones políticas. Desesperados quizás por la erosión que podría causar el desgaste de las masas a sus personalísimas agendas estarían prestos a brindar el oxigeno necesario a una criatura que luego sería capaz de desconocerles y intentar estrangularles, como la historia reciente sentencia. Claros están aún los recuerdos de la claudicación del otrora Congreso Nacional, acto posiblemente redimido por actuaciones más recientes pero que no disipan del todo la desconfianza que pueda tenerse sobre algunos líderes de oposición. De igual manera, atentando contra la confianza, destacan en la actual coyuntura las figuras ausentes en las fotos opositoras, particularmente de líderes de partidos que se supondrían con poder de movilización. Mientras las capas medias de estos hacen un esfuerzo por evidenciar presencia y participación, logran en muchas ocasiones tan sólo patentizar des-coordinación y falta de organización.

La actual situación demanda concesiones significativas desde el poder antes de bajar la presión. Una concesión significativa podría tener la forma de una calificación de falta grave, que con la reincorporación de los diputados de Amazonas y una derogatoria al desacato de la Asamblea Nacional allanara el camino a la remoción de los magistrados de la Sala Constitucional y la designación de sus sustitutos. Otra, la inmediata “validación” de los partidos de oposición. Las actuales demandas de la oposición no son cónsonas con el escenario presente. La rectificación es de sabios. Algunas demandas de la oposición sólo la acorralan a sí misma y le mantienen en un terreno cenagoso que le impide avanzar. Esas demandas lucen más como deseos que como acciones concretas. Es necesario que se dé la espalda al idealismo opositor. Ha llegado la hora del pragmatismo.