¿Por qué CELAC y no la OEA?

        Luego de que la Cancillería venezolana formalizara su petición de convocar de manera urgente una  Reunión de Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores de la CELAC, con el único objetivo de “tratar las amenazas contra el orden democrático constitucional en la República Bolivariana de Venezuela, así como las acciones intervencionistas contra su independencia, soberanía y autodeterminación”, uno no puedo menos que coincidir con lo expresado por la Canciller argentina, Susana Malcorra, durante su intervención en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), el pasado 26 de abril de 2017, cuando se consideraba la aprobación de un proyecto de resolución para la convocatoria de una Reunión de Consulta de Cancilleres de la OEA sobre la situación de Venezuela: “¿Porqué algo que se considera de suma gravedad en el contexto de la CELAC, no lo sería en el contexto de la OEA?”.

Con la excepción de Estados Unidos y Canadá, la CELAC la integran los mismos Estados que componen a la OEA. Ese elemento diferenciador, la ausencia de esos dos países, pareciera, a primera vista, ser la razón por la cual el gobierno venezolano favorece el diálogo dentro de la CELAC, en lugar de la OEA. La intervención del representante de Venezuela ante esa organización internacional, Samuel Moncada, en esa misma sesión del Consejo Permanente, proporciona elementos que pudieran conducirnos a esa conclusión: “el país más poderoso de todos (los Estados Unidos) escribió cartas por todas partes, presionando a mucho de estos países que están presentes hoy para que votaran en una dirección (…)”, denunció Moncada.

      No obstante, es bastante ingenuo suponer que la actuación que externen los países debido a la influencia ejercida por cualquier Estado variará tan sólo porque cambie el escenario. La afirmación anterior no busca negar la posibilidad de un cambio de actuación; sólo intenta reafirmar el hecho de que tal cambio, de producirse, requiere, cuando menos, de una modificación en la intensidad de la influencia o en la capacidad del Estado sobre la cual es ejercida para resistirla, producto o no de ofrecimientos u incentivos que compensen los costos de la defección o que de alguna manera hagan más onerosa el mantenimiento de un determinado curso de acción.

Los patrones que pueden identificarse producto de las distintas votaciones que han tenido lugar en el seno del Consejo Permanente de la OEA durante el último año con respecto a la situación en Venezuela son ilustrativos a este respecto. Desde el 23 de junio del año pasado, unos diecisiete países se han mantenido firmes en el propósito de que la OEA discuta la situación venezolana, nueve países se han opuesto sistemáticamente a ello y uno se ha abstenido en todas las votaciones en las que ha estado presente. Podría concluirse, sobre la base de la información disponible y la votación nominal registrada en las sesiones del 23 de junio de 2016, 28 de marzo de 2017 y 03 y 26 de abril del mismo año, que este conjunto de veintisiete países, influidos o no, no variarán su posición en el corto plazo, salvo que operaran algunas transformaciones fundamentales, como las enunciadas en el párrafo precedente.

     Pero siete países han adoptado distintas posturas a lo largo de este mismo período. Antigua y Barbuda votó en contra de la presentación del informe del Secretario General sobre Venezuela en junio del año pasado, pero este año se abstuvo de votar en la sesión del veintiocho de marzo convocada para “considerar la situación en la República Bolivariana de Venezuela” y votó en contra de la convocatoria de una reunión de consulta de Cancilleres de la OEA sobre este mismo tema el pasado veintiséis de abril. Bahamas constituye un caso interesante; ha acompañado sistemáticamente al grupo de diecisiete países que impulsan el tratamiento de la situación venezolana en el seno de la OEA, pero se abstuvo en la sesión que adoptó la resolución en la que la OEA declara una alteración del orden constitucional en Venezuela el tres de abril de este año. Belice apoyó la presentación del informe del Secretario General en junio del año pasado y volvió a apoyar la consideración de la situación venezolana en la sesión del veintiocho de marzo de 2017, pero se abstuvo tanto en la sesión que declaró una alteración del orden constitucional en Venezuela como en la sesión que resolvió la convocatoria de una reunión de consulta de Cancilleres de la organización. El Salvador, al contrario de Belice, se opuso tanto a la presentación del informe del Secretario General, en junio del año pasado, como a que se abordara la situación de Venezuela el 28 de marzo de este año; pero, al igual que aquel país, se abstuvo en las sesiones del tres y veintiséis de abril de este año, en las que se declara la alteración del orden constitucional y se resuelve la convocatoria a la reunión de Cancilleres, respectivamente. Igual comportamiento a El Salvador se observa en el caso de la República Dominicana. Santa Lucía se abstuvo en la sesión del veintitrés de junio del año pasado, pero desde entonces se ha alineado con el grupo de los diecisiete países antes identificado. Y Surinam, apoyó la presentación del informe del Secretario General en junio del año pasado, pero se opuso tanto al tratamiento de la situación venezolana en la sesión del veintiocho de marzo de este año como a la convocatoria de Cancilleres; no estuvo presente en la sesión del pasado tres de abril.

Como es de esperar, la atención se vuelca entonces sobre este grupo de siete países, compuesto por Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, El Salvador, República Dominicana, Santa Lucía y Surinam. Sobre él, es natural que se pretenda influir. Después de todo, ¿qué es la política si no la expresión de alianzas circunstanciales que se tejen sobre la base del interés y la influencia?

Aunque Venezuela haya denunciado la Carta de la OEA su condición de miembro se mantendrá por los próximos dos años, lapso en el que estará obligada por las decisiones que adopte la organización, las cuales requieren, dependiendo del asunto que se aborde, dieciocho o veinticinco votos de sus miembros. Por ello, el voto de estos siete países y el de Trinidad y Tobago, único Estado que se ha abstenido en las tres votaciones en las que ha estado presente, resultan fundamentales. Aunque la mayoría calificada de dos tercios de los Miembros requerida para la suspensión de un Estado luzca hoy innecesaria, en un escenario extremo de aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela, dada la decisión venezolana de separarse de la organización, no puede descartarse del todo antes de valorar las implicaciones que una eventual suspensión de Venezuela pudiera tener sobre el proceso de denuncia iniciado por Venezuela.

  La diplomacia venezolana no ha permanecido impávida ante lo que considera la amenaza de la OEA. En un comunicado de prensa de la Organización de Estados del Caribe Oriental, fechado 14 de abril de 2017, se destaca la visita no programada del Jefe de Estado venezolano a la sexagésima cuarta reunión de autoridades de esa organización. En el mismo comunicado se refiere que los temas tratados con el presidente Maduro versaron sobre “el uso del mar Caribe como un vínculo para fortalecer la unidad y lograr la prosperidad, la estabilidad y una buena calidad de vida para nuestros pueblos a través de la cooperación, la solidaridad y el intercambio”. Los medios locales de San Vicente y Las Granadinas, lugar donde se llevaba a cabo esta reunión, fueron más allá al otorgar detalles sobre el significado de esa afirmación (fortalecer la unidad y lograr la prosperidad, la estabilidad y una buena calidad de vida para nuestros pueblos a través de la cooperación, la solidaridad y el intercambio) al señalar que se había acordado “una iniciativa que (promovería) la paz, la buena gobernanza y el diálogo en la nación sudamericana”, valga decir Venezuela. Se da cuenta en ellos incluso de una rueda de prensa conjunta del Primer Ministro de San Cristóbal y Nieves, Timothy Harris, con el presidente Maduro, el pasado 12 de abril, en la cual el primero habría expresado que trabajarían adecuadamente (la Organización de Estados del Caribe Oriental) para establecer una misión apropiada a Venezuela.

Los medios locales también sugirieron que el Presidente venezolano pudiera haber concurrido a esta reunión de autoridades de la Organización de Estados del Caribe Oriental “en un intento por reunir apoyo en medio de la creciente agitación política en el país y la presión política que ejerce la principal organización hemisférica”. Las declaraciones del Primer Ministro Harris son reveladoras a este respecto: “Ahora estamos mucho mejor informados como resultado de su exposición (…) tuvimos una conversación sincera con él (con el presidente Maduro) sobre nuestras fuertes relaciones con Venezuela y nuestro compromiso en materia de soberanía, no interferencia e imperio de la ley”. El objetivo venezolano luce claro en el sentido de continuar contando con el apoyo de San Cristóbal y Nieves, Dominica, Granada y San Vicente y Las Granadinas; asegurar el apoyo de Antigua y Barbuda, e intentar influir sobre Santa Lucía.

Esta visita a San Vicente y Las Granadinas tiene lugar un par de días luego de que el Jefe de Estado venezolano participara en La Habana en el XV Consejo Político del ALBA-TCP, una organización en la que, además de la propia Venezuela, Bolivia, Cuba, Ecuador y Nicaragua, hacen vida Antigua y Barbuda, Dominica, San Vicente y Las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada y Santa Lucía, los países miembros de la Organización de Estados del Caribe Oriental. La reunión del ALBA-TCP abordó, entre otros temas, “el caso de Venezuela, amenazada por la implementación de la Carta Democrática Interamericana”; y condenó “la injerencista, ilegal y proimperialista conducta del Secretario General de la OEA. También repudió “los intentos de la OEA de resucitar contra Venezuela, bajo falsas acusaciones de amenazas a la paz y a la estabilidad colectivas (…) discursos y prácticas injerencistas que en el pasado condujeron a agresiones, invasiones y ocupaciones militares (…)”.

La cita en San Vicente y Las Granadinas estaría dominada por Jefes de Gobierno, en contraposición al escenario que brindó la reunión del Consejo Político del ALBA-TCP mayoritariamente atendida por Cancilleres de los países miembros. La oportunidad estaba servida y era cuestión de aprovecharla.

     Una semana más tarde correspondería el turno a la Asociación de Estados del Caribe. El 20 de abril, la Secretaria General de la organización, June Soomer, se reunión en Caracas tanto con la Canciller venezolana como con el presidente Maduro. Poco se ha reseñado sobre los tópicos abordados en estos encuentros, aunque podría inferirse que además de los temas de integración de la organización, cuya presidencia temporal ejerce Venezuela, también se abordaron los temas de tensión política en el país y la presión de la OEA. Además de Antigua y Barbuda y Santa Lucía, también son miembros de esta organización, entre otros, Bahamas, Belice, El Salvador y Surinam; países cuyo apoyo interesa a Venezuela.

También interesa la República Dominicana, pero el tema es complejo por la dependencia del país de las remesas de la diáspora nacional que vive en los Estados Unidos y la disminuida dependencia de ese país de Petrocaribe, producto de las operaciones de 2015. Este arreglo que permite a los países caribeños comprar petróleo venezolano en condiciones de pago preferenciales, aunado al pasado intervencionista de la OEA, pudiera explicar en buena medida el apoyo que Venezuela recibe de Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Surinam, San Cristóbal y Nieves y San Vicente y Las Granadinas, cuyas economías pudieran ser más susceptibles a un cambio súbito en las condiciones de pago del combustible que las economías de Bahamas, Guatemala y El Salvador.
          Lo anterior ilustra que no sólo el país más poderoso de todos (los Estados Unidos) mueve los hilos del concierto internacional buscando que los países del hemisferio voten en una determinada dirección. Sin embargo, del lado de los Estados Unidos, aunque la administración Trump pareciera más dispuesta a tomar acciones para aumentar la presión sobre Caracas, poco o nada ha avanzado en disminuir la dependencia de los Estados insulares del Caribe del petróleo venezolano. La propuesta del presidente Obama, en 2015, de fortalecer la cooperación energética con el Caribe, en un momento de acusada caída del precio del crudo y crecientes dificultades económicas en Venezuela, como medio para disminuir la influencia de Venezuela en la región, no se ha concretado, ni luce próxima a ello. La aparente desconexión presente de las distintas agencias del Ejecutivo norteamericano ,aunado a la renuncia de altos oficiales del Departamento de Estado el pasado mes de enero complican la actuación norteamericana. Más efectiva y real, en términos de concreción, luce la presión que puede ejercer el legislativo norteamericano, no sólo sobre Caracas sino sobre los aliados insulares de esa capital.

A su manera y en la medida de sus posibilidades, ambos actores y seguramente sus acólitos se esfuerzan por ganar el mayor número de aliados, con independencia del escenario; comprenden que lo importante es cuántos les apoyan. Esos apoyos serán útiles y necesarios en cualquier escenario; en la OEA o en CELAC, por ejemplo. Lo cual nos conduce nuevamente a la pregunta de porqué en la CELAC. La respuesta pudiera yacer en el método de toma de decisiones de ambas organizaciones. La OEA, aunque puede adoptar decisiones por consenso, ello no es imperativo; por el contrario, en ocasiones la votación se constituye en un requisito sine qua non. En el caso de la CELAC, sus decisiones siempre son adoptadas por consenso.

¿Qué implicaciones prácticas tiene ello? A los fines del tema que nos ocupa, Venezuela puede bloquear el lenguaje que no le agrade en el texto de cualquier proyecto de resolución o declaración. El producto final, en caso de polarización, será un lenguaje templado, moderado; podría decirse, carente de fuerza. Pero lo que realmente busca Venezuela es una plataforma en la cual pueda exponer su caso y allí la importancia de la CELAC. Mientras el hemisferio continúe centrando sus esfuerzos en la OEA, la posibilidad de Venezuela de influir en la agenda es muy limitada, por no decir nula. La brillantez del movimiento venezolano, sin considerar su salida del seno de la OEA que merece un análisis aparte, está en adelantarse a una reunión de Cancilleres de la OEA, en un escenario, también dominado por Cancilleres, donde Venezuela tiene dominio de la agenda y podrá enfocarse en conseguir la condena que ha intentado bilateralmente contra lo que considera actos antidemocráticos de la oposición. Estableciendo la agenda, ahora tiene la oportunidad de discutir la situación venezolana desde el ángulo que desea: las amenazas contra el orden institucional que supone una oposición subversiva y fascista, así como las acciones intervencionistas contra su independencia que se impulsarían desde la OEA; y no defenderse de la agenda que le imponía el “grupo de los diecisiete” en el seno del Consejo Permanente de la OEA. Con seguridad, las palabras de la Canciller estarán acompañadas de imágenes y videos que buscarán sensibilizar a los presentes a su causa. Será una oportunidad, también, de hacerlo bien, de reivindicar su credibilidad, la cual se ha visto menguada últimamente y desacreditar a la oposición venezolana. En resumen, convertir esta instancia en un tribunal de inquisición contra la oposición venezolana.

No obstante, este movimiento no viene sin riesgos. El más importante de todos, el cumplimiento de la convocatoria misma. Si bien no pareciera haber interés de los países en aniquilar a la CELAC, cuenta como una posibilidad que no todos los Cancilleres concurran si perciben que el resultado de la reunión pudiera no ser provechoso o, peor aún, que ese resultado pudiera ser empleado para desacreditar a la OEA si es que aquella organización llegara a producir una resolución o declaración en la que se hirieran las susceptibilidades venezolanas por ir, mediante otro mecanismo de toma de decisiones, más allá de lo que el consenso permitió en la próxima cita del dos de mayo en San Salvador.