COMUNICADO

El Centro de Investigación y Estudios de la Venezolanidad (Fundación CIEV) expresa su más firme rechazo a la sistemática violación de derechos humanos por parte de quienes tienen como deber las funciones de orden público en el país y de quienes investidos de la autoridad legal para prevenir, impedir, investigar y sancionar tales crímenes guardan un cómplice silencio o, directa o indirectamente, les protegen o dispensan su deleznable conducta por aviesos propósitos. 

En tal sentido, deploramos que se prive de su libertad, atropelle, torture, intimide, veje, denigre, despoje de sus pertenencias o se someta a cualquier otro tratamiento cruel o inhumano a cualquier ciudadano que ejerza de manera cívica, indistintamente del medio utilizado para ello, los derechos civiles y políticos consagrados en nuestra Constitución.

En la misma línea, condenamos que ciudadanos civiles sean procesados por la jurisdicción militar en abierta y flagrante violación al debido proceso garantizado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esa Carta Magna y la ley.

Exigimos, en consecuencia, a las autoridades nacionales, estadales y municipales garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos instituidos en nuestra Carta Fundamental y a abstenerse del uso desproporcional de la fuerza y la represión violenta contra una población civil desarmada. Urgimos, asimismo, a que elijan el camino de la reconciliación nacional y faciliten un proceso de reinstitucionalización del país.